La prueba de fuego

Esta semana las redes explotaron con la noticia del congelamiento de las cuentas, y eventual arresto, de Emilio Lozoya y el dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Se les acusa de la venta irregular de una planta fertilizante a PEMEX, la cual, de acuerdo con datos de la investigación, fue adquirida a un costo mucho mayor al de su valor real, con una afectación directa a la paraestatal.

En una sociedad tan polarizada, no es extraño encontrar lecturas diversas. Por un lado, los críticos señalan que la medida busca mitigar el daño que ha sufrido la 4T durante los últimos meses ante una serie de decisiones controversiales y de cara a los procesos electorales en puerta. Por otro lado, simpatizantes de la 4T han lanzado campanas al vuelo, señalando cómo estas contundentes medidas son evidencia innegable de que no existe el infame “pacto de impunidad” y de que la limpieza institucional va en serio.

La noticia ha cimbrado y no es para menos. Los famosos “quinazos” o “elbazos” siempre han sido herramientas muy útiles de los gobiernos, principalmente priistas, para mandar un mensaje político a la población y a sus adversarios. Generalmente van acompañados de pegajosos slogans como “el fin de los privilegios”, o “cero tolerancia”, y son muy bien recibidos por una población harta de la corrupción y la impunidad de quienes se mueven en las “altas esferas del poder”. Adicionalmente, suelen sembrar mesura oportunamente entre quienes deben ser recordados de que el aparato del estado en México es presidencialista y centralizado, por mucho que nos guste hablar y soñar con la “independencia del judicial”.

Independientemente de la lectura política, es una buena noticia que se emprendan acciones desde el Estado para castigar las conductas criminales de los servidores públicos y quienes desde el sector privado contribuyen al abuso y el saqueo institucional. La obscena impunidad que se vive en el país exige acciones contundentes y el fortalecimiento de nuestras instituciones para de verdad transformar a México.

La prueba de fuego de 4T será realizar una investigación de calidad, transparente y legalmente sólida para evitar que este caso no desemboque, como siempre, en la liberación de los acusados por fallas procedimentales, evidencias endebles o conductas indebidas de los servidores públicos a cargo de los procesos. Adicionalmente, será fundamental que las acciones no queden en eventos mediáticos y que también se busque la reparación del daño al erario. Si Emilio Lozoya y Alonso Ancira cometieron los ilícitos de los que son acusados y se determina su culpabilidad a través de un juicio transparente, expedito, público y con absoluto apego a derecho, en verdad estaremos ante el umbral de una transformación de fondo. Aún es difícil de creer, pues los cambios en el judicial no han sido sustantivos o tangibles de forma en que nos permita pensar que el seguimiento de este caso será diferente a los esfuerzos del pasado, sobre todo si observamos que los mismos eslabones institucionales que liberaron a Elba Esther, son los que hoy buscan hacer justicia para PEMEX. Ojalá este no sea el caso, porque la verdadera transformación para este país será ver el uso imparcial de las instituciones de justicia castigando conductas criminales y reconstruyendo el estado de derecho. La 4T se enfrenta a su prueba de fuego y, “por el bien de todos”, esperemos que la supere. 

Abigail Martínez

Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y Maestra en Políticas Públicas por Macquarie University. Se especializa en análisis político y comunicación estratégica. Colaboradora de The HuffPost México, Gluc MX y ENEUSmx.

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